Sector Público

El pacto fiscal se financia bajando subsidios

El “Consenso Fiscal” es un gran avance en el ordenamiento del Estado. El punto central es que los mayores recursos que la Nación transferirá a la Provincia de Buenos Aires y al resto de las jurisdicciones se compensen con la eliminación de los subsidios a los servicios públicos en el área metropolitana. Queda pendiente ahora consensuar la eliminación de la superposición de funciones que prevalece entre organismos nacionales, provinciales y municipales.     

Más de la mitad de los impuestos son muy distorsivos

El Gobierno nacional propuso un nuevo Pacto Fiscal. El tema más comentado es la resolución del conflicto de la provincia de Buenos Aires con el resto de las jurisdicciones por la licuación del Fondo del Conurbano. Sin embargo, los puntos más estratégicos que merecen ser profundizados son la mejora en la calidad de los impuestos y reducir mucho más el crecimiento del gasto público.   

Impuestos a la riqueza deberían sustituir Ingresos Brutos

El Gobierno nacional finalmente dio a conocer los lineamientos de su propuesta de reforma tributaria. Entre los puntos que quedan abiertos está el que se refiere a los impuestos provinciales. El principal desafío es inducir la eliminación o reducción del Impuesto a los Ingresos Brutos y a los Sellos. Para que esto sea posible es clave una estrategia coordinada para compensar la reducción con aumentos en los impuestos a la propiedad donde actualmente se recauda muy poco.

U$s 3.300 millones de subsidios a yacimiento de Río Turbio

Las evidencias de que los subsidios a Yacimiento Carbonífero de Río Turbio eran utilizados de manera oscura tienen más de 10 años. El oportunismo de la Justicia y gran parte de la clase dirigente permitió que miles de millones de dólares fueran derrochados y desviados hacia fines espurios. Frente a semejante fracaso resulta pertinente alertar que la solución no es poner funcionarios honestos e idóneos a administrar la empresa sino utilizar los fondos públicos para reconvertir a los trabajadores que fueron ilusionados con un proyecto inviable.   

Nación gasta en CABA 9 veces más que en el resto del país

Una de las principales motivaciones de las aspiraciones independentistas de Cataluña son las asimetrías fiscales. Si bien en la Argentina, por ahora, no se vislumbra el surgimiento de movimientos similares, las distorsiones en la administración de los fondos federales debería ser motivo de preocupación. Dos ejes claves son respetar las autonomías provinciales y explicitar la solidaridad hacia las zonas más rezagadas.

Mitad del presupuesto nacional para transporte va a la Capital

El Presupuesto 2018 no logra romper con la histórica tendencia de usar fondos federales para inmiscuirse en funciones locales. La enorme inversión en transporte público en favor del Gran Buenos Aires es un ejemplo muy ilustrativo, pero no el único dentro del proyecto de Presupuesto. Para no seguir perseverando en el fracaso es imprescindible eliminar solapamientos, descentralizar recursos y crear incentivos para que mejore la calidad de la gestión en los gobiernos locales.   

Argentina paga 4,5 veces más intereses de deuda que Chile

El proyecto de Presupuesto 2018 refleja el elogiado gradualismo en el ordenamiento del sector público. Esto obliga a mantener muy alta la presión tributaria y a apelar a un creciente endeudamiento. La estrategia es riesgosa porque exige seguir aumentando la deuda pública y socialmente costosa porque mantiene las causas que desalientan la inversión privada y la generación de empleos de calidad.

Gasto en justicia creció 3 veces más que el PBI

La desaparición de un militante genera polémicas y profundiza los desencuentros sociales. El hecho vuelve a poner en evidencia la incapacidad de la Justicia para investigar con efectividad. Que la Justicia funcione tan mal, no solo para resolver casos complejos sino también los rutinarios, resulta contradictorio con el acelerado crecimiento de sus presupuestos. Esto sugiere que no se trata de insuficiencia de recursos sino de falta de gestión, transparencia y responsabilidad.

Récord de gasto público cercena el progreso

El gobierno nacional acordó con las provincias actualizar la Ley de Responsabilidad Fiscal. Se trata de una herramienta que en su momento se estableció para promover austeridad y transparencia en la gestión pública pero que perdió eficacia por las excepciones que se le fueron aplicando en los últimos años. Las reformas acordadas tratan de restablecer el espíritu original de la ley, aunque su contenido es insuficiente para enfrentar los enormes desequilibrios acumulados.

El problema no es la suba del dólar sino el déficit fiscal

Hasta hace unos meses el atraso cambiario suscitaba preocupación porque erosionaba la competitividad y alimentaba la especulación financiera. En los últimos meses las polémicas se generaron por el repunte del dólar y su posible impacto en los precios. Estas miradas contradictorias son la consecuencia de poner la atención en lo accesorio en lugar de hacerlo en lo principal, que es el equilibrio de las cuentas públicas y una mucha mejor calidad en la gestión del Estado.

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